Diferencia entre revisiones de «Caso Banca Catalana»

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En 1984, los fiscales Carlos Jiménez Villarejo y José María Mena presentaron una querella contra directivos de Banca Catalana, entre los que se encontraba el propio Pujol, por el supuesto desvío de fondos. En concreto, se les acusaba de la compra irregular de valores inmobiliarios, con dinero de la «caja b», para financiar distintas operaciones gravosas para la entidad, que terminó siendo intervenida en 1982.
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El '''Caso Banca Catalana''' es un [[caso de corrupción]].
Los fiscales también sostenían, entre otros hechos, que Pujol y el resto de consejeros habían repartido 516 millones de pesetas en dividendos entre 1974 y 1976, cuando el banco ya tenía importantes pérdidas.
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El presidente catalán atribuyó la acción del Ministerio Público a una «inmensa mala jugada» del PSOE, que gobernaba en ese momento. Prenafeta, entonces secretario general de Presidencia, organizó una masiva manifestación de apoyo a Pujol.
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== Historia ==
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña archivó el caso, pero la posterior designación de Villarejo como fiscal jefe de Cataluña encendió a Pujol hasta tal punto que, en un acto institucional, reprochó al fiscal general del Estado, Javier Moscoso, su falta de sentido de Estado.
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En [[1984]] los fiscales [[José María Mena]] y [[Jiménez Villarejo]] presentaron una querella contra el Consejo de Administración de [[Banca Catalana]] por apropiación indebida, falsedad en documento público y mercantil y maquinación para alterar el precio de las cosas. El monto del presunto desfalco en prejuicio de los accionistas era de unos 20.000 millones de pesetas. Entre los imputados estaba [[Jordi Pujol]], que en ese momento era President de la [[Generalitat de Catalunya]].
Pujol consiguió así que Banca Catalana pasara a la historia, pero no pudo evitar que a partir de ese momento salieran a la luz otros procesos judiciales que salpicaron a iembros de su Gobierno.
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En 1989, el ex director financiero de Casinos de Cataluña —holding que monopolizaba el dinero del juego— denunció que esta empresa había pagado unos 3.000 millones de pesetas a compañías afines a Convergència. El caso quedó  archivado, no así el denominado «caso Planasdemunt», en el que el exconsejero de Economía, Jordi Planasdemunt, se vio implicado en un fraude de unos 6.000 millones de pesetas mediante pagarés falsos. Fue condenado a siete años de prisión. Los consejeros Jaume Roma y Josep Maria Cullell también dimitieron tras verse implicados en supuestos casos de corrupción.
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En [[1986]] la Audiencia de Barcelona desestimo la querella con 8 votos a favor y 33 en contra.
Los disgustos judiciales afectaron asimismo a los socios de CDC, Unió Democràtica de Catalunya.
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Compañías del empresario andorrano Fidel Pallerols, vinculado a los socialcristianos, recibieron subvenciones inicialmente destinadas a cursos de formación. Por este caso dimitió el consejero de Trabajo, Ignasi Farreres. También fue investigada la gestión de Unió en el Consorcio de Turismo de
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== Imputados ==
la Generalitat.
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La querella de la Fiscalía se dirigía a 25 personas, antiguos consejeros o directivos de Banca Catalana. Se pide investigar a los tres últimos presidentes de la entidad, Jaume Carner, Raimon Carrasco y Jordi Pujol.  
Cuando CiU ya estaba en la oposición, Pasqual Maragall desató una tormenta política al acusar a CiU de recibir comisiones ilegales en la adjudicación de obra pública.
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El líder convergente nunca renunció a rodearse de una burguesía afín al ideario nacionalista que, al mismo tiempo, ofreciera apoyo económico a la construcción catalana. La quiebra de la compañía aérea Spanair es el último ejemplo de esa incapacidad de CiU de lograr un empresariado fiel. A mediados de los años noventa, los esfuerzos de Pujol comenzaron a dar resultado, pero a través de la persona equivocada. Javier de la Rosa, ungido por el dirigente autonómico como «empresario modélico», fue a la cárcel por la descapitalización de la empresa Grand Tibidabo. El caso salpicó a Prenafeta. Las amistades peligrosas de Jordi Pujol incluían al juez Lluís Pasqual Estevill, denominado en su día el «azote de la burguesía» y que se convirtió en vocal del Consejo General del Poder Judicial a propuesta de CiU. Aseguran que, de esta forma, Pujol lanzaba una
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Otros implicados en la querella son Francesc Cabana Vancells cuñado de Pujol, Andreu Ribera Rovira, Oleguer Soldevila Godó (propietario del hotel Majestic), Josep Lluís Vilaseca Guasch (era el director general de deportes de la Generalitat, miembro de la UEFA, vocal del FC Barcelona y consejero de radio españa de Barcelona), Joan Baptista Cendrós Carbonell (colaborador de Omnium Cultura y vicepresidente de la Fundación Enciclopedia Catalana), Víctor Sagi Vallmitjana (propietario de Distribuidora Española de Publicidad),
advertencia a Felipe González, pues el CGPJ designó a los miembros del Tribunal Supremo que debían juzgar el caso GAL. Estevill acabó en la cárcel acusado de prevaricación por dictar resoluciones injustas a cambio de dinero. Alavedra admitió haber intercedido entre el juez y varios empresarios.
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Joan Martí Mercadal, Martí Rosell Ballester, Manuel Ingla Torra, Delfi Mateu Sayos, Francesc Constans Ros, Esteve Renom Pulit, Joan Casablancas Bertrán, Salvador Casanovas Martí, Antoni de Moragas Gallissá, Joan Millet Tusell, Ramón Miquet Ballart, Lluís Montserrat Navarro, Ferran Aleu Pascual, Antoni Armengol Arnau, Pere Messeguer Miranda y Ramón Monforte Navalón.
Y si no fue fácil ganarse la confianza del empresariado, mucho más complicado fue garantizar la cohesión social de una Cataluña con un nivel alto de población procedente de la inmigración de los años 50 y 60, residente en su mayoría en municipios metropolitanos gobernados por la izquierda.
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Es en este momento cuando Pujol pasa de ser el gran estadista a recibir el calificativo de «cacique» por su decisión de dar subvenciones a los barrios con vocación nacionalista. La red clientelar se
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== Cargos ==
extendió, neutralizando así la influencia socialista y el rechazo que podría generar la ley de política lingüística, génesis del reconocimiento del catalán como única lengua vehicular en la administración y en las escuelas.== Véase también ==
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*[[Lista de casos de corrupción]]
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jordi pujol nunca fue presidente de BANCA CATALANA  fue cofundador con su padre FLORENCIO PUJOL
*[[Lista de políticos condenados]]
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*[[Lista de políticos imputados]]
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== Dinero público estafado ==
*[[Lista de políticos absueltos]]
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*[[Lista de indultos]]
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== Juicio ==
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El 9 de julio de 1984 Ignacio de Lecea, magistrado de la Sección Segunda de lo Civil, recibió el encargo de instruir el sumario del caso Banca Catalana. A lo largo de nueve meses, el juez tomó unas 150 declaraciones entre querellados, testigos y presuntos perjudicados. El sumario tiene 1.500 folios, y en sus anexos se amontonan otros 6.000 de documentación.  
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De Lecea contó al principio con el apoyo de la asamblea de magistrados y,con el respaldo del presidente de la Audiencia Territorial. Las diferencias con llos dos fiscales que presentaron la querella empezaron cuando se tenía que tomar declaración a Jordi Pujol, no llegaron a un acuerdo de si la vista debía ser oral o escrita. Los dos fiscales presentaron varios recursos planteados contra las decisiones del juez De Lecea por la negativa a que se dejara fotocopiar determinada documentación sumarial, a acceder a pruebas documentales de la doble contabilidad, a que se investigara el destino dado a los créditos otorgados a Jaume Carner Suñol o petición para que se aclarara el carácter procesal de unas pruebas periciales sugeridas por la defensa de los querellados, fueron aumentando las críticas hacia el juez.
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Cuando la causa entraba en la recta final, estalló el conflicto y De Lecea pidió ser relevado, asegurando que había "perdido la confianza" del pleno que le había nombrado. En realidad, la dimisión de De Lecea estuvo provocada por una suma de conflictos.  
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Última revisión de 20:41 7 oct 2023

El Caso Banca Catalana es un caso de corrupción.

Contenido

[editar] Historia

En 1984 los fiscales José María Mena y Jiménez Villarejo presentaron una querella contra el Consejo de Administración de Banca Catalana por apropiación indebida, falsedad en documento público y mercantil y maquinación para alterar el precio de las cosas. El monto del presunto desfalco en prejuicio de los accionistas era de unos 20.000 millones de pesetas. Entre los imputados estaba Jordi Pujol, que en ese momento era President de la Generalitat de Catalunya.

En 1986 la Audiencia de Barcelona desestimo la querella con 8 votos a favor y 33 en contra.

[editar] Imputados

La querella de la Fiscalía se dirigía a 25 personas, antiguos consejeros o directivos de Banca Catalana. Se pide investigar a los tres últimos presidentes de la entidad, Jaume Carner, Raimon Carrasco y Jordi Pujol.

Otros implicados en la querella son Francesc Cabana Vancells cuñado de Pujol, Andreu Ribera Rovira, Oleguer Soldevila Godó (propietario del hotel Majestic), Josep Lluís Vilaseca Guasch (era el director general de deportes de la Generalitat, miembro de la UEFA, vocal del FC Barcelona y consejero de radio españa de Barcelona), Joan Baptista Cendrós Carbonell (colaborador de Omnium Cultura y vicepresidente de la Fundación Enciclopedia Catalana), Víctor Sagi Vallmitjana (propietario de Distribuidora Española de Publicidad), Joan Martí Mercadal, Martí Rosell Ballester, Manuel Ingla Torra, Delfi Mateu Sayos, Francesc Constans Ros, Esteve Renom Pulit, Joan Casablancas Bertrán, Salvador Casanovas Martí, Antoni de Moragas Gallissá, Joan Millet Tusell, Ramón Miquet Ballart, Lluís Montserrat Navarro, Ferran Aleu Pascual, Antoni Armengol Arnau, Pere Messeguer Miranda y Ramón Monforte Navalón.

[editar] Cargos

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jordi pujol nunca fue presidente de BANCA CATALANA fue cofundador con su padre FLORENCIO PUJOL

[editar] Dinero público estafado

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[editar] Juicio

El 9 de julio de 1984 Ignacio de Lecea, magistrado de la Sección Segunda de lo Civil, recibió el encargo de instruir el sumario del caso Banca Catalana. A lo largo de nueve meses, el juez tomó unas 150 declaraciones entre querellados, testigos y presuntos perjudicados. El sumario tiene 1.500 folios, y en sus anexos se amontonan otros 6.000 de documentación. De Lecea contó al principio con el apoyo de la asamblea de magistrados y,con el respaldo del presidente de la Audiencia Territorial. Las diferencias con llos dos fiscales que presentaron la querella empezaron cuando se tenía que tomar declaración a Jordi Pujol, no llegaron a un acuerdo de si la vista debía ser oral o escrita. Los dos fiscales presentaron varios recursos planteados contra las decisiones del juez De Lecea por la negativa a que se dejara fotocopiar determinada documentación sumarial, a acceder a pruebas documentales de la doble contabilidad, a que se investigara el destino dado a los créditos otorgados a Jaume Carner Suñol o petición para que se aclarara el carácter procesal de unas pruebas periciales sugeridas por la defensa de los querellados, fueron aumentando las críticas hacia el juez. Cuando la causa entraba en la recta final, estalló el conflicto y De Lecea pidió ser relevado, asegurando que había "perdido la confianza" del pleno que le había nombrado. En realidad, la dimisión de De Lecea estuvo provocada por una suma de conflictos.

[editar] Consecuencias

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[editar] Véase también

[editar] Referencias

[editar] Noticias relacionadas

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