Caso Banca Catalana

El caso Banca Catalana
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En 1984, los fiscales Carlos Jiménez Villarejo y José María Mena presentaron una querella contra directivos de Banca Catalana, entre los que se encontraba el propio Pujol, por el supuesto desvío de fondos. En concreto, se les acusaba de la compra irregular de valores inmobiliarios, con dinero de la «caja b», para financiar distintas operaciones gravosas para la entidad, que terminó siendo intervenida en 1982. Los fiscales también sostenían, entre otros hechos, que Pujol y el resto de consejeros habían repartido 516 millones de pesetas en dividendos entre 1974 y 1976, cuando el banco ya tenía importantes pérdidas. El presidente catalán atribuyó la acción del Ministerio Público a una «inmensa mala jugada» del PSOE, que gobernaba en ese momento. Prenafeta, entonces secretario general de Presidencia, organizó una masiva manifestación de apoyo a Pujol. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña archivó el caso, pero la posterior designación de Villarejo como fiscal jefe de Cataluña encendió a Pujol hasta tal punto que, en un acto institucional, reprochó al fiscal general del Estado, Javier Moscoso, su falta de sentido de Estado. Pujol consiguió así que Banca Catalana pasara a la historia, pero no pudo evitar que a partir de ese momento salieran a la luz otros procesos judiciales que salpicaron a iembros de su Gobierno. En 1989, el ex director financiero de Casinos de Cataluña —holding que monopolizaba el dinero del juego— denunció que esta empresa había pagado unos 3.000 millones de pesetas a compañías afines a Convergència. El caso quedó archivado, no así el denominado «caso Planasdemunt», en el que el exconsejero de Economía, Jordi Planasdemunt, se vio implicado en un fraude de unos 6.000 millones de pesetas mediante pagarés falsos. Fue condenado a siete años de prisión. Los consejeros Jaume Roma y Josep Maria Cullell también dimitieron tras verse implicados en supuestos casos de corrupción. Los disgustos judiciales afectaron asimismo a los socios de CDC, Unió Democràtica de Catalunya. Compañías del empresario andorrano Fidel Pallerols, vinculado a los socialcristianos, recibieron subvenciones inicialmente destinadas a cursos de formación. Por este caso dimitió el consejero de Trabajo, Ignasi Farreres. También fue investigada la gestión de Unió en el Consorcio de Turismo de la Generalitat. Cuando CiU ya estaba en la oposición, Pasqual Maragall desató una tormenta política al acusar a CiU de recibir comisiones ilegales en la adjudicación de obra pública. El líder convergente nunca renunció a rodearse de una burguesía afín al ideario nacionalista que, al mismo tiempo, ofreciera apoyo económico a la construcción catalana. La quiebra de la compañía aérea Spanair es el último ejemplo de esa incapacidad de CiU de lograr un empresariado fiel. A mediados de los años noventa, los esfuerzos de Pujol comenzaron a dar resultado, pero a través de la persona equivocada. Javier de la Rosa, ungido por el dirigente autonómico como «empresario modélico», fue a la cárcel por la descapitalización de la empresa Grand Tibidabo. El caso salpicó a Prenafeta. Las amistades peligrosas de Jordi Pujol incluían al juez Lluís Pasqual Estevill, denominado en su día el «azote de la burguesía» y que se convirtió en vocal del Consejo General del Poder Judicial a propuesta de CiU. Aseguran que, de esta forma, Pujol lanzaba una advertencia a Felipe González, pues el CGPJ designó a los miembros del Tribunal Supremo que debían juzgar el caso GAL. Estevill acabó en la cárcel acusado de prevaricación por dictar resoluciones injustas a cambio de dinero. Alavedra admitió haber intercedido entre el juez y varios empresarios. Y si no fue fácil ganarse la confianza del empresariado, mucho más complicado fue garantizar la cohesión social de una Cataluña con un nivel alto de población procedente de la inmigración de los años 50 y 60, residente en su mayoría en municipios metropolitanos gobernados por la izquierda. Es en este momento cuando Pujol pasa de ser el gran estadista a recibir el calificativo de «cacique» por su decisión de dar subvenciones a los barrios con vocación nacionalista. La red clientelar se extendió, neutralizando así la influencia socialista y el rechazo que podría generar la ley de política lingüística, génesis del reconocimiento del catalán como única lengua vehicular en la administración y en las escuelas.== Véase también ==

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